El ataque con una bomba en Salamanca deja al descubierto la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, pero sobre todo los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en donde la violencia provocada por las organizaciones criminales que habitan el territorio no ha podido ser controlada por las autoridades.
Rubén Zermeño| 21 de Sep, 2021. El explosivo oculto en un regalo que dejó a dos personas muertas el pasado domingo en un restaurante en Salamanca, Guanajuato, fue más que una sorpresa, ya que representa el punto álgido de la ola de violencia que azota a la región desde hace varios años, la cual no han podido controlar autoridades municipales, estatales o el Gobierno federal.
El ataque también es muestra del poderío y control que tienen los grupos del crimen organizado en el nuevo triángulo dorado y epicentro de la criminalidad en el país: Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Especialistas consultados por Reporte Índigo coinciden en que la estrategia para contener al crimen organizado en la región ha sido fallida y que de no cambiarla, ataques como el ocurrido el fin de semana pasado, podrían volverse cada vez más frecuentes.
Incluso, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos y aseguró que en Guanajuato se han comenzado a utilizar explosivos para crear terror, es decir, el objetivo de los ataques ya no es solo ocasionar daño a las personas a los que van dirigidos, sino, causar miedo en la sociedad.
“Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado, de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo”. Andrés Manuel López Obrador| Presidente de México
El presidente además dijo que de requerirse, la Fiscalía General de la República atraería el caso para trasladarlo al ámbito federal y pidió no se politice.
Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, calificó la explosión como un “acto terrorista sin precedentes” y anunció que trabajarán coordinadamente con la Federación.
“A pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, de que ya son 800 homicidios menos que el año pasado, estos hechos de alto impacto nos obligan a redoblar esfuerzos y a coordinarnos de mejor manera con la federación”, dijo el panista.
Salamanca es la cuarta ciudad más poblada de Guanajuato e históricamente se le ha conocido como la capital industrial de la entidad.
Si bien no apareció en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo del año pasado, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia A.C., sí lo hicieron sus localidades vecinas: Celaya, la cual fue catalogada como la más violenta del mundo; Irapuato en el quinto lugar; y León en el 47.
Este año, Salamanca se perfila para aparecer en la clasificación. De acuerdo con información obtenida por transparencia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reveló que Salamanca superó a Irapuato con el mayor número de carpetas de investigación abiertas de enero a junio de este año.
En el primer lugar de la lista se encuentran León con mil 946, seguido por Celaya con mil 201, Salamanca con 772 e Irapuato con 654.
La Fiscalía además respondió que Salamanca y Celaya encabezan la lista de los municipios en los que más elementos de su institución fueron agredidos con armas de fuego durante el año pasado.
Salamanca, también forma parte de la lista de los 15 municipios con más homicidios en el país. En 2020 fueron asesinadas 315 personas, además forma parte de las demarcaciones con la tasa de homicidios dolosos más alta por cada 100 mil habitantes, ubicándose en 115.2 asesinatos.
En su Reporte sobre delitos de alto impacto julio 2021, el Observatorio Nacional Ciudadano califica a Salamanca como uno de los epicentros de la violencia letal en el país pese a su alto nivel de industrialización. Situación originada por la lucha entre dos organizaciones criminales, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, por el mercado de narcóticos e hidrocarburos.
El problema de la violencia en Guanajuato se originó por la lucha entre dos organizaciones criminales: el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el mercado de narcóticos e hidrocarburos
¿FUE TERRORISMO EN SALAMANCA?
Aunque autoridades estatales y federales calificaron de “terrorismo” la explosión de Salamanca, el profesor de relaciones internacionales del TEC de Monterrey y especialista en seguridad, Fernando A. Mora, comenta que el acto no entra en la definición tradicional de terrorismo.
“El terrorismo, de acuerdo a la definición tradicional, es cualquier acto violento que busca infundir miedo para conseguir un cambio o posicionar una agenda política. En Salamanca, ningún grupo ni siquiera se ha adjudicado el ataque, es una zona en donde hay muchos cárteles disputándose las plazas y no sabemos ni siquiera si solo se trató de una intimidación por cobro de piso o si hay detrás una agenda política”, comenta el especialista.
Mora señala que lo que sí demuestra el ataque del domingo es que la estrategia de seguridad está fallando y con el discurso de que fue un “acto terrorista” se impulsará continuar con la misma.
“Lo que yo veo es que se va a jugar con esta narrativa de terrorismo para seguir con la estrategia de seguridad, que ya tiene varios años y no ha funcionado, de mano dura, de despliegue de fuerzas para comunicar que se está haciendo algo, de una lucha frontal entre el narco y el gobierno para ver quién puede más”, concluye.
‘CONSTRUIR LA SEGURIDAD, NO COMBATIRLA’
Si alguien conoce Guanajuato es Juan Carlos Romero Hicks, quien ha sido gobernador, senador y diputado federal por la entidad y rector de la Universidad de Guanajuato.
El panista comenta que la violencia que se vive en el estado es gracias a una serie de delitos (delincuencia organizada, narcotráfico y huachicol) contra los cuales no ha habido una estrategia ni acciones efectivas para combatirlos.
Salamanca forma parte de la lista de los 15 municipios con más homicidios en el país, en 2020 fueron asesinadas 315 personas
“Requerimos una estrategia integral y mayor coordinación de los tres poderes federales y locales, mayor coordinación entre las policías y corporaciones, mayor participación ciudadana para las denuncias. En suma, hay que construir la seguridad, no combatirla. Para eso necesitamos mínimos de bienestar como empleo, educación, vivienda digna, alimentación y servicios básicos”, comenta el actual diputado federal.
